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Los derechos humanos de los presos y la problemática carcelaria en el Perú

octubre 12, 2011

No se puede, y así lo seña­lan los espe­cia­lis­tas, alber­gar en un mismo pabe­llón a pre­sos pri­ma­rios, jóve­nes, ladro­nes o car­te­ris­tas de poca monta, con delin­cuen­tes rein­ci­den­tes, ran­kea­dos en el mundo de lampa.

El penal de Luri­gan­cho en el Perú

Cuando una per­sona es inter­nada en un esta­ble­ci­miento peni­ten­cia­rio, ya sea en la con­di­ción de sen­ten­ciado o pro­ce­sado, ve res­trin­gido el ejer­ci­cio de un único dere­cho fun­da­men­tal: la liber­tad ambu­la­to­ria. Esto que parece evi­dente, pues no lo es tanto en una socie­dad como la nues­tra en la cual el espa­cio y ambiente en donde trans­cu­rren los días de un pre­si­dia­rio, con­de­nan a esta per­sona a vivir bajo con­di­cio­nes de habi­ta­bi­li­dad ver­da­de­ra­mente inhumanas.

Una socie­dad civi­li­zada y demo­crá­tica debe garan­ti­zar el dere­cho de los reclu­sos y sen­ten­cia­dos a ocu­par esta­ble­ci­mien­tos ade­cua­dos. Ello es así pues este es el único camino para con­cre­ti­zar el obje­tivo que todo régi­men peni­ten­cia­rio moderno se traza como meta más impor­tante: lograr la reedu­ca­ción, reha­bi­li­ta­ción y rein­cor­po­ra­ción del penado a la socie­dad. En ese sen­tido, la mejora pau­la­tina de las con­di­cio­nes de habi­ta­bi­li­dad de un cen­tro de reclu­sión, no sólo ase­gura los dere­chos huma­nos de los pre­sos; sino tam­bién, y esto es algo que quizá se olvida, evita que las cár­ce­les se con­vier­tan en ver­da­de­ras escue­las del delito desde las cua­les se pla­nean y eje­cu­tan los crí­me­nes más abo­mi­na­bles por delin­cuen­tes que una vez pues­tos en liber­tad vuel­ven a delin­quir con una mayor fie­reza, como si bus­ca­ran revan­cha con­tra esa socie­dad y ese Estado que man­te­nién­do­los bajo la som­bra los con­denó al más abso­luto olvido.

El Estado, a tra­vés de sus ins­ti­tu­cio­nes, tiene el dere­cho y el deber de pro­ce­sar y san­cio­nar de manera ejem­plar a toda per­sona que comete un delito, pues el Estado, como orga­ni­za­ción social y polí­tica, debe velar por la segu­ri­dad y tran­qui­li­dad de su ciu­da­da­nía. En tal sen­tido, cuando el Estado ado­lece de una polí­tica cri­mi­nal y car­ce­la­ria cohe­rente, idó­nea, capaz de reha­bi­li­tar a la per­sona que delin­que y evi­tar con ello la rein­ci­den­cia delic­tiva, está incum­pliendo su prin­ci­pal obje­tivo, colo­cán­dose, debido a su inca­pa­ci­dad e indo­len­cia, al mar­gen de su pro­pio orden jurí­dico, el cual lo obliga a velar por los dere­chos de sus ciu­da­da­nos, inclu­sive de aque­llos que se encuen­tran recluí­dos en un penal.

Hemos que­rido hacer estas refle­xio­nes pues hace algu­nos días, el mis­mí­simo direc­tor del INPE (Ins­ti­tuto Nacio­nal Peni­ten­cia­rio), José Luis Pérez Gua­da­lupe, en una entre­vista con­ce­dida a un medio local, dio a cono­cer algu­nas esta­dís­ti­cas que des­cri­ben una reali­dad peni­ten­cia­ria fran­ca­mente esca­lo­friante. En opi­nión de la men­cio­nada auto­ri­dad, la pro­ble­má­tica car­ce­la­ria en el país se ha vuelto casi inma­ne­ja­ble, la falta de pre­su­puesto, apoyo logís­tico, la ausen­cia de volun­tad polí­tica y la corrup­ción ins­ta­lada en las ins­ti­tu­cio­nes encar­ga­das de dar solu­ción a este pro­blema social, son fac­to­res que hacen impo­si­ble la con­se­cu­ción de resul­ta­dos posi­ti­vos en el corto plazo.

De acuerdo a la infor­ma­ción ver­tida se sabe que en el Perú de hoy existe una sobre­po­bla­ción car­ce­la­ria de apro­xi­ma­da­mente 23000 reclu­sos. Por ejem­plo, el penal de Luri­gan­cho tiene capa­ci­dad para 3200, pero hoy alberga a 6000 (hace dos años el número era de 12000). El penal Sarita Colo­nia tiene capa­ci­dad para 572, pero hay 2079. El penal de Hua­ral tiene una capa­ci­dad para 823 inter­nos y hay 2720. El penal de Cañete es para 759 pre­sos pero hoy en día cuenta con 2830 pre­sos. A la luz de estas cifras se puede afir­mar que con una sobre­po­bla­ción de dicha mag­ni­tud es muy difí­cil reha­bi­li­tar al interno, evi­tando de ese modo, la reite­ra­ción de la con­ducta cri­mi­nal una vez que este haya sido puesto en libertad.

Otro pro­blema vin­cu­lado a la sobre­po­bla­ción de las cár­ce­les es el des­go­bierno que se vive en el inte­rior de las mis­mas en cuanto a la orga­ni­za­ción y cla­si­fi­ca­ción de los inter­nos. Resulta lógico pen­sar que en una cár­cel no se puede con­gre­gar indis­cri­mi­na­da­mente a los inter­nos sin nin­gún cri­te­rio de selec­ción. No se puede, y así lo señalan los espe­cia­lis­tas, alber­gar en un mismo pabe­llón a pre­sos pri­ma­rios, jóve­nes, ladro­nes o car­te­ris­tas de poca monta, con delin­cuen­tes rein­ci­den­tes, ran­kea­dos en el mundo de lampa, con varios ingre­sos al penal. Cuando ello ocu­rre, la posi­bi­li­dad de recu­pe­rar social­mente al delin­cuente juve­nil, al cri­mi­nal de deli­tos meno­res, es casi nula, más cuando por razo­nes de esta­tus y por la pro­pia diná­mica cri­mi­nal, estos jóve­nes son cap­ta­dos por los “tai­tas” (reclu­sos que mane­jan la cár­cel) a quie­nes ven como el modelo a seguir, con­vir­tiendo a un cri­mi­nal de alto cali­bre en un ver­da­dero maes­tro, cuyas lec­cio­nes deben ser apren­di­das al pie de la letra si se quiere sobre­vi­vir en esta tie­rra de nadie en la que se ha con­ver­tido la cár­cel peruana.

En la cár­cel, según declara el titu­lar del INPE, la delin­cuen­cia replica su orga­ni­za­ción cri­mi­nal a vista y pacien­cia de la pro­pia poli­cía. El prin­ci­pio de auto­ri­dad se ha per­dido por com­pleto, el Estado es inca­paz de esta­ble­cer las reglas que regu­la­rán la con­vi­ven­cia en su inte­rior. Por ejem­plo, en Luri­gan­cho la dis­tri­bu­ción de los pena­les y cla­si­fi­ca­ción de la pobla­ción car­ce­la­ria replica el modelo cri­mi­nal del grupo, la cua­dra, la banda, y el barrio. En este penal los “árabes” de Villa El Sal­va­dor ocu­pan un pabe­llón, a los “vikin­gos”, de La Vic­to­ria, les corres­ponde el pabe­llón 4, a los de San Mar­tín de Porres se les ha asig­nado el 6, lo mismo ocu­rre con el pabe­llón 10 y el 12, en los cua­les se han ins­ta­lado los cri­mi­na­les de Sur­qui­llo y de Ciu­dad de Dios, res­pec­ti­va­mente. Como es de supo­ner, cuando en una cár­cel la auto­ri­dad es asu­mida por los reclu­sos y no por el Estado, es muy difí­cil con­tro­lar lo que ocu­rre allí aden­tro, es muy difí­cil velar por los dere­chos huma­nos de aque­llos pre­sos que pre­sen­tan un ánimo de enmienda ver­da­dero y que si quie­ren reha­bi­li­tarse, y peor aún, es muy difí­cil des­ba­ra­tar a las ban­das que siguen ope­rando desde sus celdas.

Por eso no debiera sor­pren­der las decla­ra­cio­nes de las auto­ri­da­des del INPE cuando señala que en lo que va del año se han incau­tado más de 3000 telé­fo­nos celu­la­res al inte­rior de los pena­les, los mis­mos que pues­tos en manos de estos cri­mi­na­les les per­mi­ten coor­di­nar accio­nes y desatar el terror en las calles. Mues­tra de todo este des­go­bierno ha sido lo ocu­rrido hace algu­nos días en el penal de Picsi, en Chi­clayo, en donde en un pabe­llón de máxima segu­ri­dad se incau­ta­ron 54 tele­vi­so­res, 37 DVD Y 30 celulares.

A estas esta­dís­ti­cas debe­mos sumarle la dura situa­ción de ese 60% de pobla­ción car­ce­la­ria que se encuen­tra pri­vada de su liber­tad sin sen­ten­cia con­de­na­to­ria. En tér­mi­nos lega­les podría­mos decir que en nues­tro país 6 de cada 10 reclu­sos, sobre los cua­les no ha recaído sen­ten­cia con­de­na­to­ria alguna, se ven obli­ga­dos a com­par­tir sus días con cri­mi­na­les de alta peli­gro­si­dad en esta­ble­ci­mien­tos que care­cen de las con­di­cio­nes de habi­ta­bi­li­dad míni­mas, que vul­ne­ran gra­ve­mente sus dere­chos huma­nos, con­de­nán­do­los, de manera anti­ci­pada, a una vida fran­ca­mente indigna, todo ello debido a la inca­pa­ci­dad de un Poder Judi­cial que no juzga, de un Minis­te­rio Público que no inves­tiga, y de una Poli­cía Nacio­nal que atra­ve­sando la peor cri­sis ins­ti­tu­cio­nal de su his­to­ria se suma a esta enfer­me­dad gene­ra­li­zada de nues­tro sis­tema de justicia.

¿Qué hacer frente a este pro­blema? Muchos son los diag­nós­ti­cos, y muchas más las voces de los espe­cia­lis­tas que a lo largo de los años han estu­diado el tema. Sin embargo, en esta opor­tu­ni­dad debe­mos des­ta­car la opi­nión del direc­tor del INPE, la cual com­par­ti­mos en todos sus extre­mos, pues lejos del acos­tum­brado dis­curso popu­lista y sin sus­tento téc­nico, afirma de manera clara que para com­ba­tir a la delin­cuen­cia, enten­dida esta como un pro­blema social, no basta con imple­men­tar una polí­tica cri­mi­nal basada en el aumento de penas y el recorte de bene­fi­cios peni­ten­cia­rios como si la solu­ción pasara por “man­dar a todos a la cár­cel”. Pro­ce­der de ese modo, es des­co­no­cer la reali­dad del pro­blema, pues a la larga lo único que se logrará es tener a más pre­sos por más tiempo en las cár­ce­les perua­nas. Debe­mos for­ta­le­cer la labor de pre­ven­ción y edu­ca­ción ciu­da­dana, así como tam­bién la labor de todos los orga­nis­mos invo­lu­cra­dos en esta pro­ble­má­tica. El Estado debe saber brin­dar una res­puesta mul­ti­sec­to­rial y no basar su accio­nar en polí­ti­cas neta­mente represivas.

Asi­mismo, es impres­cin­di­ble rede­fi­nir las com­pe­ten­cias del INPE y de la Poli­cía Nacio­nal del Perú en cuanto a cuál será la ins­ti­tu­ción encar­gada de velar externa e inter­na­mente por la segu­ri­dad y el orden en los pena­les. En la actua­li­dad con­ta­mos con pena­les a cargo de la Poli­cía, otros en manos del INPE, y otros en los cua­les ambas ins­ti­tu­cio­nes se repar­ten fun­cio­nes. Este pro­ce­der es abso­lu­ta­mente incohe­rente, debe­mos iden­ti­fi­car a la auto­ri­dad a cargo de esta labor y otor­garle todo nues­tro respaldo.

Lo que debe que­dar­nos claro es que la única manera de ope­ra­ti­vi­zar y apo­yar la labor de estas ins­ti­tu­cio­nes es mejo­rando sus pre­su­pues­tos asig­na­dos. El INPE, por ejem­plo, para hacer frente a esta sobre­po­bla­ción de 23000 reclu­sos requiere incor­po­rar a 3000 per­so­nas a su per­so­nal, requiere tam­bién la cons­truc­ción de 2 nue­vos pena­les valo­ri­za­dos en 200 millo­nes cada uno. Para ello, el INPE requiere una mejora pre­su­pues­tal sus­tan­tiva, como tam­bién lo requiere para el caso de las par­ti­das des­ti­na­das a mejo­rar las con­di­cio­nes de vida de los reclu­sos, cuyo número este año ascen­derá en 6000 nue­vos reclu­sos, pero que con­tra­dic­to­ria­mente verá un recorte eco­nó­mico de 23 millo­nes de soles para la ali­men­ta­ción y el cui­dado de la salud de los mis­mos y para la imple­men­ta­ción de un sis­tema de vigi­lan­cia elec­tró­nico en los exte­rio­res e inte­rio­res de los pena­les que per­mi­tan detec­tar deli­tos como los de corrup­ción de fun­cio­na­rios, no olvi­de­mos que muchas veces son los mis­mos fun­cio­na­rios los que ingre­san los celu­la­res, dro­gas, armas, bebi­das alcohó­li­cas y demás obje­tos prohi­bi­dos.

Pero nada de lo antes dicho ten­drá un impacto posi­tivo, nada podrá ser con­cre­tado, nin­guna pro­puesta será sufi­ciente, si el gobierno de turno y la socie­dad civil no se com­pro­me­ten con la solu­ción del pro­blema. Debe­mos enten­der, de una vez por todas, que inver­tir en mejo­rar las con­di­cio­nes de habi­ta­bi­li­dad de las cár­ce­les no es en modo alguno una con­ce­sión que hace el Estado con los cri­mi­na­les a los cua­les pre­mia con una mejor ali­men­ta­ción, con mejo­res ser­vi­cios de salud o alo­ja­miento, inver­tir en ello, es a la larga velar por nues­tra segu­ri­dad, com­ba­tiendo a las ban­das que ope­ran desde las cár­ce­les, ya que apos­tar por la reha­bi­li­ta­ción de los reclu­sos no es otra cosa que apos­tar por la reduc­ción del índice de rein­ci­den­cia criminal.

Rafael Rodrí­guez Cam­pos

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