Los derechos humanos de los presos y la problemática carcelaria en el Perú
No se puede, y así lo señalan los especialistas, albergar en un mismo pabellón a presos primarios, jóvenes, ladrones o carteristas de poca monta, con delincuentes reincidentes, rankeados en el mundo de lampa.
Cuando una persona es internada en un establecimiento penitenciario, ya sea en la condición de sentenciado o procesado, ve restringido el ejercicio de un único derecho fundamental: la libertad ambulatoria. Esto que parece evidente, pues no lo es tanto en una sociedad como la nuestra en la cual el espacio y ambiente en donde transcurren los días de un presidiario, condenan a esta persona a vivir bajo condiciones de habitabilidad verdaderamente inhumanas.
Una sociedad civilizada y democrática debe garantizar el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Ello es así pues este es el único camino para concretizar el objetivo que todo régimen penitenciario moderno se traza como meta más importante: lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En ese sentido, la mejora paulatina de las condiciones de habitabilidad de un centro de reclusión, no sólo asegura los derechos humanos de los presos; sino también, y esto es algo que quizá se olvida, evita que las cárceles se conviertan en verdaderas escuelas del delito desde las cuales se planean y ejecutan los crímenes más abominables por delincuentes que una vez puestos en libertad vuelven a delinquir con una mayor fiereza, como si buscaran revancha contra esa sociedad y ese Estado que manteniéndolos bajo la sombra los condenó al más absoluto olvido.
El Estado, a través de sus instituciones, tiene el derecho y el deber de procesar y sancionar de manera ejemplar a toda persona que comete un delito, pues el Estado, como organización social y política, debe velar por la seguridad y tranquilidad de su ciudadanía. En tal sentido, cuando el Estado adolece de una política criminal y carcelaria coherente, idónea, capaz de rehabilitar a la persona que delinque y evitar con ello la reincidencia delictiva, está incumpliendo su principal objetivo, colocándose, debido a su incapacidad e indolencia, al margen de su propio orden jurídico, el cual lo obliga a velar por los derechos de sus ciudadanos, inclusive de aquellos que se encuentran recluídos en un penal.
Hemos querido hacer estas reflexiones pues hace algunos días, el mismísimo director del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), José Luis Pérez Guadalupe, en una entrevista concedida a un medio local, dio a conocer algunas estadísticas que describen una realidad penitenciaria francamente escalofriante. En opinión de la mencionada autoridad, la problemática carcelaria en el país se ha vuelto casi inmanejable, la falta de presupuesto, apoyo logístico, la ausencia de voluntad política y la corrupción instalada en las instituciones encargadas de dar solución a este problema social, son factores que hacen imposible la consecución de resultados positivos en el corto plazo.
De acuerdo a la información vertida se sabe que en el Perú de hoy existe una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 23000 reclusos. Por ejemplo, el penal de Lurigancho tiene capacidad para 3200, pero hoy alberga a 6000 (hace dos años el número era de 12000). El penal Sarita Colonia tiene capacidad para 572, pero hay 2079. El penal de Huaral tiene una capacidad para 823 internos y hay 2720. El penal de Cañete es para 759 presos pero hoy en día cuenta con 2830 presos. A la luz de estas cifras se puede afirmar que con una sobrepoblación de dicha magnitud es muy difícil rehabilitar al interno, evitando de ese modo, la reiteración de la conducta criminal una vez que este haya sido puesto en libertad.
Otro problema vinculado a la sobrepoblación de las cárceles es el desgobierno que se vive en el interior de las mismas en cuanto a la organización y clasificación de los internos. Resulta lógico pensar que en una cárcel no se puede congregar indiscriminadamente a los internos sin ningún criterio de selección. No se puede, y así lo señalan los especialistas, albergar en un mismo pabellón a presos primarios, jóvenes, ladrones o carteristas de poca monta, con delincuentes reincidentes, rankeados en el mundo de lampa, con varios ingresos al penal. Cuando ello ocurre, la posibilidad de recuperar socialmente al delincuente juvenil, al criminal de delitos menores, es casi nula, más cuando por razones de estatus y por la propia dinámica criminal, estos jóvenes son captados por los “taitas” (reclusos que manejan la cárcel) a quienes ven como el modelo a seguir, convirtiendo a un criminal de alto calibre en un verdadero maestro, cuyas lecciones deben ser aprendidas al pie de la letra si se quiere sobrevivir en esta tierra de nadie en la que se ha convertido la cárcel peruana.
En la cárcel, según declara el titular del INPE, la delincuencia replica su organización criminal a vista y paciencia de la propia policía. El principio de autoridad se ha perdido por completo, el Estado es incapaz de establecer las reglas que regularán la convivencia en su interior. Por ejemplo, en Lurigancho la distribución de los penales y clasificación de la población carcelaria replica el modelo criminal del grupo, la cuadra, la banda, y el barrio. En este penal los “árabes” de Villa El Salvador ocupan un pabellón, a los “vikingos”, de La Victoria, les corresponde el pabellón 4, a los de San Martín de Porres se les ha asignado el 6, lo mismo ocurre con el pabellón 10 y el 12, en los cuales se han instalado los criminales de Surquillo y de Ciudad de Dios, respectivamente. Como es de suponer, cuando en una cárcel la autoridad es asumida por los reclusos y no por el Estado, es muy difícil controlar lo que ocurre allí adentro, es muy difícil velar por los derechos humanos de aquellos presos que presentan un ánimo de enmienda verdadero y que si quieren rehabilitarse, y peor aún, es muy difícil desbaratar a las bandas que siguen operando desde sus celdas.
Por eso no debiera sorprender las declaraciones de las autoridades del INPE cuando señala que en lo que va del año se han incautado más de 3000 teléfonos celulares al interior de los penales, los mismos que puestos en manos de estos criminales les permiten coordinar acciones y desatar el terror en las calles. Muestra de todo este desgobierno ha sido lo ocurrido hace algunos días en el penal de Picsi, en Chiclayo, en donde en un pabellón de máxima seguridad se incautaron 54 televisores, 37 DVD Y 30 celulares.
A estas estadísticas debemos sumarle la dura situación de ese 60% de población carcelaria que se encuentra privada de su libertad sin sentencia condenatoria. En términos legales podríamos decir que en nuestro país 6 de cada 10 reclusos, sobre los cuales no ha recaído sentencia condenatoria alguna, se ven obligados a compartir sus días con criminales de alta peligrosidad en establecimientos que carecen de las condiciones de habitabilidad mínimas, que vulneran gravemente sus derechos humanos, condenándolos, de manera anticipada, a una vida francamente indigna, todo ello debido a la incapacidad de un Poder Judicial que no juzga, de un Ministerio Público que no investiga, y de una Policía Nacional que atravesando la peor crisis institucional de su historia se suma a esta enfermedad generalizada de nuestro sistema de justicia.
¿Qué hacer frente a este problema? Muchos son los diagnósticos, y muchas más las voces de los especialistas que a lo largo de los años han estudiado el tema. Sin embargo, en esta oportunidad debemos destacar la opinión del director del INPE, la cual compartimos en todos sus extremos, pues lejos del acostumbrado discurso populista y sin sustento técnico, afirma de manera clara que para combatir a la delincuencia, entendida esta como un problema social, no basta con implementar una política criminal basada en el aumento de penas y el recorte de beneficios penitenciarios como si la solución pasara por “mandar a todos a la cárcel”. Proceder de ese modo, es desconocer la realidad del problema, pues a la larga lo único que se logrará es tener a más presos por más tiempo en las cárceles peruanas. Debemos fortalecer la labor de prevención y educación ciudadana, así como también la labor de todos los organismos involucrados en esta problemática. El Estado debe saber brindar una respuesta multisectorial y no basar su accionar en políticas netamente represivas.
Asimismo, es imprescindible redefinir las competencias del INPE y de la Policía Nacional del Perú en cuanto a cuál será la institución encargada de velar externa e internamente por la seguridad y el orden en los penales. En la actualidad contamos con penales a cargo de la Policía, otros en manos del INPE, y otros en los cuales ambas instituciones se reparten funciones. Este proceder es absolutamente incoherente, debemos identificar a la autoridad a cargo de esta labor y otorgarle todo nuestro respaldo.
Lo que debe quedarnos claro es que la única manera de operativizar y apoyar la labor de estas instituciones es mejorando sus presupuestos asignados. El INPE, por ejemplo, para hacer frente a esta sobrepoblación de 23000 reclusos requiere incorporar a 3000 personas a su personal, requiere también la construcción de 2 nuevos penales valorizados en 200 millones cada uno. Para ello, el INPE requiere una mejora presupuestal sustantiva, como también lo requiere para el caso de las partidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, cuyo número este año ascenderá en 6000 nuevos reclusos, pero que contradictoriamente verá un recorte económico de 23 millones de soles para la alimentación y el cuidado de la salud de los mismos y para la implementación de un sistema de vigilancia electrónico en los exteriores e interiores de los penales que permitan detectar delitos como los de corrupción de funcionarios, no olvidemos que muchas veces son los mismos funcionarios los que ingresan los celulares, drogas, armas, bebidas alcohólicas y demás objetos prohibidos.
Pero nada de lo antes dicho tendrá un impacto positivo, nada podrá ser concretado, ninguna propuesta será suficiente, si el gobierno de turno y la sociedad civil no se comprometen con la solución del problema. Debemos entender, de una vez por todas, que invertir en mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles no es en modo alguno una concesión que hace el Estado con los criminales a los cuales premia con una mejor alimentación, con mejores servicios de salud o alojamiento, invertir en ello, es a la larga velar por nuestra seguridad, combatiendo a las bandas que operan desde las cárceles, ya que apostar por la rehabilitación de los reclusos no es otra cosa que apostar por la reducción del índice de reincidencia criminal.
Rafael Rodríguez Campos
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