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¿Comprende Ollanta Humala, la relación existente entre las instituciones castrenses y el sistema democrático?

octubre 20, 2011

Lo que no que­re­mos es que el señor Humala se rodee de una corte de uni­for­ma­dos que asu­man la labor de guar­dia per­so­nal o guardaespaldas…

La rela­ción entre las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses y el sis­tema demo­crá­tico en el Perú siem­pre ha sido compleja

Las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses, en el marco de los sis­te­mas demo­crá­ti­cos, cum­plen un rol de vital impor­tan­cia para la con­so­li­da­ción de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad del Estado y para el res­guardo de los intere­ses nacio­na­les. A las Fuer­zas Arma­das, les corres­ponde garan­ti­zar la inde­pen­den­cia, la sobe­ra­nía y la inte­gri­dad terri­to­rial de la Repú­blica. La Poli­cía Nacio­nal, por su parte, tiene el deber man­te­ner y res­ta­ble­cer el orden interno. Ambas ins­ti­tu­cio­nes care­cen de una voca­ción deli­be­rante y deben estar subor­di­na­das al poder cons­ti­tu­cio­nal. Reco­no­cen al Pre­si­dente de la Repú­blica como su jefe supremo y des­plie­gan sus accio­nes en abso­luta con­so­nan­cia con el man­dato cons­ti­tu­cio­nal y legal.

Esta es una refle­xión que los ciu­da­da­nos debe­mos tener muy en claro. En una demo­cra­cia, en un sis­tema cons­ti­tu­cio­nal en el cual la labor de los pode­res públi­cos y pri­va­dos se encua­dra den­tro de los pará­me­tros esta­ble­ci­dos por la Cons­ti­tu­ción, los miem­bros de estas ins­ti­tu­cio­nes se con­vier­ten en fie­les guar­dia­nes del orden y el sis­tema demo­crá­tico. Siendo ello así, es nece­sa­rio que quie­nes asu­man la direc­ción de dichas enti­da­des, gocen de los méri­tos pro­fe­sio­na­les, aca­dé­mi­cos y mora­les sufi­cien­tes para la asun­ción de tamaña res­pon­sa­bi­li­dad, ya que como hemos seña­lado, a ellos les corres­ponde velar por la segu­ri­dad externa e interna de la nación.

Pero, si a las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses les corres­ponde guar­dar un pro­fundo res­peto por los prin­ci­pios y valo­res cons­ti­tu­cio­na­les y demo­crá­ti­cos, al poder civil, y en espe­cial al gobierno de turno, le corres­ponde guar­dar res­peto por la ins­ti­tu­cio­na­li­dad de estas enti­da­des. En ese sen­tido, el gobierno, y el Pre­si­dente de la Repú­blica, debe­rán de ser muy cui­da­do­sos al momento de pro­mo­ver el nom­bra­miento de los man­dos mili­ta­res y poli­cia­les, ins­ta­lando en este pro­ceso, una lógica basada en la meri­to­cra­cia y el pro­fe­sio­na­lismo. No basta, como seña­lan algu­nos, el cri­te­rio de la anti­güe­dad para nom­brar a un mili­tar o poli­cía como miem­bro de la alta direc­ción de sus res­pec­ti­vas instituciones.

Es muy peli­groso para la salud demo­crá­tica de un país la poli­ti­za­ción de las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses o la mili­ta­ri­za­ción de la polí­tica, refle­jada muchas veces en los pro­ce­sos de cam­bio o reforma al inte­rior de las fuer­zas arma­das o poli­cia­les. El nom­bra­miento indis­cri­mi­nado de un grupo de poli­cías o mili­ta­res con el único cri­te­rio de favo­re­cer a los alle­ga­dos al régi­men es una prác­tica que debié­ra­mos des­te­rrar de nues­tro país. El gobierno de turno no puede uti­li­zar el poder que la ciu­da­da­nía le ha con­fe­rido para aten­tar con­tra la estruc­tura misma de estas ins­ti­tu­cio­nes. Nom­brar a una per­sona por el sólo hecho de tra­tarse de un amigo, alle­gado, o en el peor de los casos, un títere de los desig­nios de quien detenta el poder de turno, no sólo dis­tor­siona la rela­ción entre el poder civil y las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses, sino tam­bién genera inco­mo­di­dad, des­con­tento y mella la moral de los efec­ti­vos mili­ta­res y poli­cia­les que ven cómo la una per­sona carente de los méri­tos sufi­cien­tes se coloca al frente de su institución.

Los últi­mos cam­bios sufri­dos en la Poli­cía Nacio­nal del Perú y los ascen­sos lle­va­dos a cabo en las Fuer­zas Arma­das han vuelto a colo­car sobre la dis­cu­sión este viejo debate en torno a la rela­ción exis­tente entre el gobierno y los ins­ti­tu­tos arma­dos. Los fan­tas­mas del copa­miento y mili­ta­ri­za­ción de la socie­dad aún están pre­sen­tes en el ima­gi­na­rio colec­tivo nacio­nal. Algu­nos perua­nos aún tene­mos pre­sente los nefas­tos hechos ocu­rri­dos durante la última dic­ta­dura de Fuji­mori y Mon­te­si­nos. La uti­li­za­ción de las fuer­zas mili­ta­res y poli­cia­les por la dic­ta­dura como soporte del régi­men, la com­pra de con­cien­cias al inte­rior de estas ins­ti­tu­cio­nes, la adhe­sión, el res­paldo cóm­plice de los altos man­dos y la suje­ción total de los mis­mos a los dic­ta­dos de la mafia de lo noventa, fue­ron males que los perua­nos no debié­ra­mos estar dis­pues­tos a vol­ver a padecer.

La expe­rien­cia his­tó­rica nos demues­tra lo peli­groso que ha resul­tado para el país el hecho de mal uti­li­zar el poder guber­na­men­tal al con­so­li­dar alre­de­dor suyo a una cúpula cas­trense capaz de blin­dar todos y cada uno de los actos de gobierno, sin impor­tar si estos son acor­des o no al orden cons­ti­tu­cio­nal, tal y como ocu­rrió durante los diez años del fuji­mo­rato. Recor­de­mos que en esa época, una de las téc­ni­cas que el dic­ta­dor uti­lizó para con­se­guir la adhe­sión y apoyo a su pro­yecto mafioso, fue la de imple­men­tar una polí­tica de ascen­sos y pases al retiro indis­cri­mi­nada sin mayor cri­te­rio que los deli­rios de poder del jefe de Estado, es decir, asciendo a quie­nes obe­de­ce­rán sin chis­tar mis órde­nes, paso al retiro a quie­nes tie­nen una posi­ción más ins­ti­tu­cio­nal que muchas veces se opone a los intere­ses del régimen.

Con la caída de la clep­to­cra­cia fuji­mo­rista, se abrió un nuevo capí­tulo en la his­to­ria mili­tar y poli­cial. Tal y como lo recuerda el ana­lista polí­tico Car­los Basom­brió, en el año 2001 se ini­cia­ron una serie de refor­mas des­ti­na­das a corre­gir esta per­ni­ciosa situa­ción. Deci­mos per­ni­ciosa, ya que si se revi­san las cifras de aquel enton­ces, uno puede obser­var cómo el reparto de ascen­sos dis­tor­sionó toda la lógica mili­tar y poli­cial, lle­gando a tenerse en la poli­cía más jefes (gene­ra­les y coro­ne­les) que alfé­re­ces. Todo un deli­rio. Pero este afán refor­mista, impul­sado por el gobierno de Ale­jan­dro Toledo, per­dió fuerza con la lle­gada del gobierno aprista, y se retornó de ese modo, a la irra­cio­na­li­dad del pasado (52 gene­ra­les y más de 600 coroneles).

El actual gobierno ha reci­bido estas cifras. Esa ha sido la situa­ción que el pre­si­dente Ollanta Humala heredó de manos de Alan Gar­cía. Los 5 años de gobierno últi­mos fue­ron un quin­que­nio per­dido en este pro­ceso de reforma y moder­ni­za­ción de estas enti­da­des. Siendo tan crí­tica la situa­ción, desde luego se avala la deci­sión del gobierno de pasar al retiro a 30 gene­ra­les de la Poli­cía Nacio­nal del Perú en la bús­queda de una estruc­tura mucho más pira­midal al inte­rior de la misma (en 2004, la Direc­ción Poli­cial estimó que para el comando ins­ti­tu­cio­nal reque­ría única­mente de 28 gene­ra­les y 207 coro­ne­les). Sin embargo, si bien es cierto el obje­tivo se jus­ti­fica y res­palda, la pre­gunta que uno debe hacerse y las auto­ri­da­des res­pon­der es cuál ha sido el cri­te­rio para la purga de esos 30 gene­ra­les y no otros. O si lo más con­ve­niente no hubiese sido un pase al retiro gra­dual, como ocu­rre en el caso de la Marina de Gue­rra, que no genere un cisma ins­ti­tu­cio­nal y polí­tico y no ins­tale La duda sobre la trans­pa­ren­cia de la decisión.

Otro dato a tener en cuenta sobre este tema, ha sido lo ocu­rrido con los últi­mos ascen­sos a gene­ral dis­pues­tos por el Minis­te­rio de Defensa. Pocas veces en la his­to­ria, o nunca según algu­nos dicen, se ha obser­vado que un número bas­tante con­si­de­ra­ble de miem­bros de una pro­mo­ción llega al grado de gene­ral en el ejér­cito. Esto acaba de ocu­rrir hace unos días con el nom­bra­miento de 10 nue­vos gene­ra­les per­te­ne­cien­tes a la pro­mo­ción 1984 Héroes de Mar­ca­va­lle, coin­ci­den­te­mente miem­bros de la pro­mo­ción del Pre­si­dente de la Repú­blica. Con lo cual, más de la mitad de gene­ra­les ascen­di­dos, 19 ha sido leal número total, todos ellos com­pa­ñe­ros de pro­mo­ción del pre­si­dente Humala, pasa­rán a for­mar parte de la cúpula mili­tar. Más allá de las sus­pi­ca­cias que esta deci­sión genere, no pode­mos sino pre­gun­tar­nos si estos ascen­sos fue­ron meri­tua­dos en fun­ción a cri­te­rios téc­ni­cos, eva­luando el grado de pro­fe­sio­na­lismo, anti­güe­dad, y el res­peto ganado por estos ofi­cia­les al inte­rior de su ins­ti­tu­ción, o si, como tan­tas veces en la his­to­ria, el pre­si­dente de turno con­vir­tió al ejér­cito en una agen­cia de bue­nos empleos para sus ami­gos o sus com­pa­ñe­ros de carpeta.

Nos parece salu­da­ble que en nues­tro país el gobierno haya asu­mido con aplomo la deci­sión de refor­mar y pro­mo­ver cam­bios pro­fun­dos en las ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses. Preo­cupa sí que esa misma volun­tad no sea la misma cuando se trata de las Fuer­zas Arma­das, en el espe­cial del ejér­cito. Es salu­da­ble que la Poli­cía Nacio­nal del Perú ini­cie un periodo de rein­ge­nie­ría que la for­ta­lezca. Espe­re­mos que los cam­bios no que­den allí, espe­re­mos que esta volun­tad se con­cre­tice en la adop­ción de medi­das que pasen por ele­var el sueldo de los efec­ti­vos mili­ta­res y poli­cia­les, refor­mar su sis­tema pre­vi­sio­nal, mejo­rar la aten­ción de salud que la fami­lia mili­tar y poli­cial recibe por parte del Estado, pro­mo­ver la meri­to­cra­cia en los pro­ce­sos de ascen­sos, cam­bios y con­de­co­ra­cio­nes y la capa­ci­ta­ción cons­tante de los efec­ti­vos, acom­pa­ña­das todas ellas, de una fron­tal con­tra la corrup­ción enquis­tada al inte­rior de la institución.

Nin­gún peruano puede opo­nerse a este tipo de ini­cia­ti­vas, todos que­re­mos que nues­tras ins­ti­tu­cio­nes cas­tren­ses se con­so­li­den, todos desea­mos que el per­so­nal mili­tar y poli­cial reciba un trato digno, que cuente con ingre­sos que le per­mi­tan salir ade­lante y velar por sus fami­lias, todos desea­mos que el poli­cía y mili­tar recu­pe­ren el pres­ti­gio y moral de antaño. En ese sen­tido, toda reforma que apunte a este obje­tivo debe ser res­pal­dada, en el camino, las­ti­mo­sa­mente y eso ocu­rre en todo pro­ceso de esta natu­ra­leza, algu­nos efec­ti­vos ten­drán que se sepa­ra­dos de la ins­ti­tu­ción, son los cos­tos de toda reforma y el pre­cio que debe­mos asu­mir. Lo que los perua­nos no que­re­mos es que el gobierno poli­tice y dis­tor­siona la estruc­tura y orga­ni­za­ción de estas ins­ti­tu­cio­nes. Lo que no que­re­mos es que el señor Humala se rodee de una corte de uni­for­ma­dos que asu­man la labor de guar­dia per­so­nal o guar­daes­pal­das, en lugar depo­nerse al ser­vi­cio de la nación como autén­ti­cos guar­dia­nes del orden y la lega­li­dad. Lo que no que­re­mos es que la pelí­cula de los noventa se vuelva a repe­tir en nues­tro país, pero esta vez de un modo mucho más sofis­ti­cado. Lo que no que­re­mos es que Ollanta Humala se com­porte como un miem­bro más de la pro­mo­ción Héroes de Mar­ca­va­lle y no como nues­tro jefe de Estado. No que­re­mos eso, pues de ser así, no ten­dre­mos a Hugo Chá­vez en pala­cio, sino al fan­tasma de Alberto Fuji­mori ves­tido de verde olivo.

Rafael Rodrí­guez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com

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