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Sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios

septiembre 28, 2011
La corrup­ción en el Perú des­truye el sis­tema democrático

Dicen que en polí­tica la pala­bra empe­ñada debe ser cum­plida, aún cuando en los últi­mos tiem­pos este prin­ci­pio no haya sido obser­vado por los ante­ce­so­res de Ollanta Humala. Este parece ser el espí­ritu que viene movi­li­zando la actua­ción del gobierno en sus pri­me­ras sema­nas de ges­tión. En ese sen­tido, y con­tra lo que algu­nos podían ima­gi­nar, hace algu­nos días la Comi­sión de Cons­ti­tu­ción del Con­greso aprobó por mayo­ría– con la abs­ten­ción de los par­la­men­ta­rios fuji­mo­ris­tas y de la Alianza por el Gran Cam­bio– un dic­ta­men que declara la impres­crip­ti­bi­li­dad de los deli­tos de corrup­ción de fun­cio­na­rios, el mismo que a su tiempo deberá ser apro­bado en el pleno del Congreso.

Sin lugar a dudas, resulta salu­da­ble que el gobierno entrante tenga la volun­tad polí­tica nece­sa­ria para hacer reali­dad una de las pro­me­sas que le hizo al elec­to­rado durante los meses de cam­paña. Cum­plir con lo ofre­cido marca un estilo loa­ble de hacer y enten­der la polí­tica, un estilo que per­mite recu­pe­rar la con­fianza del ciu­da­dano en sus auto­ri­da­des y, por­qué no decirlo, en el pro­pio sis­tema demo­crá­tico y en sus ins­ti­tu­cio­nes. Sin embargo, no siem­pre la manera cómo se pre­tende con­cre­ti­zar dichos ofre­ci­mien­tos resulta ser la más efi­caz o, como sucede en este caso, la más idó­nea desde el punto de vista téc­nico y jurí­dico. Para refor­zar este plan­tea­miento, que en lo per­so­nal busca demos­trar que no es nece­sa­rio modi­fi­car la legis­la­ción en este punto para luchar de manera efec­tiva con­tra la corrup­ción, debe­mos ensa­yar una diná­mica de pre­gun­tas y res­pues­tas que ayu­den a escla­re­cer las dudas que los ciu­da­da­nos pue­dan tener en torno a esta temática.

¿Qué es exac­ta­mente la prescripción?

La pres­crip­ción ha sido enten­dida como una ins­ti­tu­ción que busca esta­ble­cer un límite al poder-deber del Estado de ejer­cer su poder puni­tivo per­si­guiendo a quien ha come­tido algún delito. Dicho de otro modo, cuando alguien comete un delito, el Estado cuenta con un plazo deter­mi­nado esta­ble­cido en la ley para pro­ce­sar y san­cio­nar al responsable.

¿Qué ocu­rre cuando el plazo para per­se­guir el delito vence?

Cuando el Estado, debido a la acción obs­truc­cio­nista de los pre­sun­tos res­pon­sa­bles, pero sobre todo, debido a su inefi­cien­cia y a la fra­gi­li­dad de sus órga­nos de jus­ti­cia, deja trans­cu­rrir el plazo y este vence, pues enton­ces opera lo que en tér­mi­nos jurí­di­cos se deno­mina la extin­ción de la acción penal, es decir, el Estado pierde el dere­cho de per­se­guir el delito, el mismo que al final queda impune.

¿Cuál es la fina­li­dad de esta figura jurídica?

En un Estado de Dere­cho se entiende que la labor de los pode­res públi­cos se somete al man­dato expreso de la Cons­ti­tu­ción y las leyes. Siendo ello así, se sabe que la per­sona humana se encuen­tra en una situa­ción de des­ven­taja frente a la acción puni­tiva del Estado. Por tanto, esta­ble­cer un límite (el plazo de la pres­crip­ción) para ejer­cer la facul­tad per­se­cu­to­ria del delito por parte de ins­ti­tu­cio­nes como el Minis­te­rio Público y el Poder Judi­cial, busca evi­tar seve­ras vio­la­cio­nes a las liber­ta­des indi­vi­dua­les de los ciu­da­da­nos, quie­nes podrían ser per­se­gui­dos hasta el mismo ins­tante de su muerte, a pesar de haberse reco­no­cido el prin­ci­pio de pre­sun­ción de inocen­cia como una garan­tía para todos los ciudadanos.

¿Qué señala nues­tra actual legis­la­ción sobre este tema?

Las reglas de pres­crip­ción en nues­tro país han sido reco­gi­das en el Código Penal, espe­cí­fi­ca­mente en sus artícu­los 80º y 83º, res­pec­ti­va­mente. En dichas dis­po­si­cio­nes se señala que la acción penal pres­cribe o fenece en un tiempo igual al máximo de la pena fijada para el acto cri­mi­nal (por ejem­plo, si el delito es san­cio­nado con un máximo de 10 años, enton­ces el plazo que el Estado tiene para per­se­guir el delito será de 10 años tam­bién). Ahora bien, cuando se trata de deli­tos come­ti­dos con­tra el patri­mo­nio de la nación por una per­sona que tiene la con­di­ción de fun­cio­na­rio público, opera la “dupli­ca­ción del plazo de pres­crip­ción” con un límite máximo de 20 años. En lo per­so­nal, creo que los pla­zos apli­ca­bles para la pres­crip­ción de los deli­tos de corrup­ción son lo sufi­cien­te­mente amplios como para que “cual­quier Estado, media­na­mente efi­ciente,” cum­pla con su come­tido de inves­ti­gar, pro­ce­sar y san­cio­nar a los corrup­tos. Digá­moslo de un modo más sen­ci­llo ¿Cuánto tiempo nece­sita un Estado inefi­ciente como el nues­tro para san­cio­nar a quie­nes delin­quen? Al pare­cer toda la eter­ni­dad. El pro­blema no es enton­ces la pres­crip­ti­bi­li­dad de los deli­tos, ni el aumento de las penas, el pro­blema pasa por mejo­rar la ges­tión y efi­cien­cia en la admi­nis­tra­ción de justicia.

¿Exis­ten en la actua­li­dad deli­tos que sean imprescriptibles?

De acuerdo a la legis­la­ción nacio­nal e inter­na­cio­nal vigente en nues­tro país, los únicos deli­tos para los cua­les no ope­ran las reglas de la pres­crip­ción son los deno­mi­na­dos “deli­tos de lesa huma­ni­dad”, es decir, deli­tos que siendo come­ti­dos de manera sis­te­má­tica y reite­rada por el pro­pio Estado u otros agen­tes con carac­te­rís­ti­cas par­ti­cu­la­res, aten­tan gra­ve­mente con­tra la dig­ni­dad de la per­sona, vul­ne­rando su vida, su inte­gri­dad o su liber­tad. Den­tro de esta lista de deli­tos tene­mos a: la tor­tura, la desa­pa­ri­ción for­zada, la eje­cu­ción extra­ju­di­cial, el geno­ci­dio y las vio­la­cio­nes sexua­les en algu­nos casos. Como se puede apre­ciar, es la gra­ve­dad del delito, el daño que estos gene­ran en la per­sona y la obli­ga­ción expresa asu­mida por los Esta­dos que como el Perú se han com­pro­me­tido a inves­ti­gar, pro­ce­sar y san­cio­nar a los res­pon­sa­bles de estos crí­me­nes a pesar del trans­curso del tiempo, las razo­nes que jus­ti­fi­can la impres­crip­ti­bi­li­dad de la acción penal para estos actos, las mis­mas, que en mi opi­nión, no se veri­fi­can para el caso de los deli­tos de corrup­ción come­ti­dos por funcionarios.

¿Cuá­les son los deli­tos que pre­ten­den ser com­ba­ti­dos a par­tir de esta medida?

De acuerdo a lo que se sabe a tra­vés de los medios de comu­ni­ca­ción, los par­la­men­ta­rios impul­so­res de esta ini­cia­tiva, y de modo erró­neo creo yo, asu­men que esta medida des­in­cen­ti­vará la comi­sión de aque­llos deli­tos que son come­ti­dos de manera fre­cuente por fun­cio­na­rios públi­cos, deli­tos tales como: cohe­cho pro­pio, cohe­cho impro­pio, corrup­ción pasiva, corrup­ción de fun­cio­na­rios juris­dic­cio­na­les, apro­ve­cha­miento inde­bido de cargo y enri­que­ci­miento ilí­cito con­te­ni­dos en los artícu­los 393º, 394º, 395º, 396, 397º y 401º del pre­sente Código Penal.

¿Tor­nar impres­crip­ti­bles deli­tos que no pre­sen­ten una gra­ve­dad simi­lar a los deli­tos de lesa huma­ni­dad no resulta ser acaso una medida desproporcional?

Este es el prin­ci­pal cues­tio­na­miento a la men­cio­nada pro­puesta. En mi opi­nión, el prin­ci­pio de pro­por­cio­na­li­dad que debe ser obser­vado en todo acto que pre­tenda limi­tar los dere­chos de los ciu­da­da­nos con el afán de con­cre­ti­zar fines u obje­ti­vos legí­ti­mos como la lucha con­tra la corrup­ción se ve seria­mente des­vir­tuado con una pro­puesta como la que ahora comen­ta­mos. Aten­tar con­tra el era­rio nacio­nal, con­tra un bien de natu­ra­leza patri­mo­nial, en modo alguno pre­senta el mismo des­va­lor que gene­ran los deli­tos de lesa huma­ni­dad. En todo caso, la pre­gunta que debié­ra­mos hacer­nos todos los ciu­da­da­nos es la siguiente: ¿Si la fina­li­dad de esta medida es evi­tar que estos deli­tos no que­den impu­nes, enton­ces por­qué no hace­mos exten­siva esta pro­puesta a otro tipo de deli­tos que gene­ran mayor rechazo entre la pobla­ción como el homi­ci­dio, la vio­la­ción sexual, el terro­rismo o el trá­fico ilí­cito de dro­gas? La res­puesta es muy sim­ple: la per­se­cu­ción penal debe ser limi­tada por­que de no ser así se con­dena táci­ta­mente a la per­sona a vivir en un estado se zozo­bra per­ma­nente, teme­rosa y con el pavor de ser denun­ciada o enjui­ciada por hechos que ocu­rrie­ron hace 25, 35, 45 o 55 años.

¿Es nece­sa­rio modi­fi­car la Cons­ti­tu­ción para lle­var ade­lante este propósito?

Al pare­cer en los medios de comu­ni­ca­ción y en las pro­pias tien­das polí­ti­cas no han repa­rado en el hecho que para modi­fi­car las reglas de pres­crip­ción dis­pues­tas por el Código Penal antes men­cio­na­das, se hace nece­sa­rio modi­fi­car el artículo 41º de la Cons­ti­tu­ción, dis­po­si­ción en la cual se rati­fica lo seña­lado en la legis­la­ción penal en cuanto a dupli­car el plazo de pres­crip­ción cuando se trate de deli­tos come­ti­dos con­tra el patri­mo­nio del Estado. En tal medida, será nece­sa­rio que la mayo­ría par­la­men­ta­ria rati­fi­que su volun­tad con un mínimo de 87 votos, pues sólo de esa manera podrá lle­varse a cabo la reforma del men­cio­nado artículo siguiendo el meca­nismo pre­visto por la pro­pia Cons­ti­tu­ción. Se reque­rirá de un con­senso polí­tico muy grande para alcan­zar dicha mayo­ría, el cual pocas veces ha sido alcan­zado en nues­tro país cuando de refor­mas de la Cons­ti­tu­ción se trata.

¿Cuá­les son los peli­gros que este pro­yecto trae con­sigo para la vida demo­crá­tica de la nación?

En un país como el nues­tro, en el cual el prin­ci­pio de sepa­ra­ción de pode­res muchas veces es des­co­no­cido por el poder de turno, una medida como esta puede con­ver­tirse en un arma para la per­se­cu­ción polí­tica con­tra los enemi­gos o riva­les del par­tido de gobierno, que valién­dose de su posi­ción de pri­vi­le­gio y poder, mani­pu­lando a la pro­pia legis­la­ción, pue­den pre­sio­nar al Minis­te­rio Público y al Poder Judi­cial hos­ti­gando a los disi­den­tes con la pre­sen­ta­ción reite­rada de denun­cias muchas veces injus­ti­fi­ca­das ampa­rando dicho accio­nar en la supuesta “impres­crip­ti­bi­li­dad de los deli­tos de corrup­ción”. En lo per­so­nal, la medida, cuyo obje­tivo es con­so­li­dar nues­tro sis­tema demo­crá­tico, puede ter­mi­nar des­na­tu­ra­li­zán­dolo, tal y como ha suce­dido en otros paí­ses de la región, que no pre­ci­sa­mente reco­no­ci­dos por su res­peto por los dere­chos ciu­da­da­nos, incor­po­ra­ron esta figura en sus res­pec­ti­vos orde­na­mien­tos, tal como ha suce­dido en Ecua­dor, Boli­via y Vene­zuela, con los resul­ta­dos nefas­tos que todos conocemos.

En con­clu­sión, debe­mos seña­lar que la lucha con­tra la corrup­ción es una tarea que debe invo­lu­crar a todos los órga­nos del Estado y tam­bién a la socie­dad civil. Que para ello es salu­da­ble obser­var como en el Con­greso de la Repú­blica se ha logrado con­so­li­dar un blo­que par­la­men­ta­rio que está dis­puesto a lle­var ade­lante medi­das que bus­quen dar solu­ción a este pro­blema social. Que para nadie es un mis­te­rio el hecho que muchas veces los cri­mi­na­les entor­pe­cen el desa­rro­llo de los pro­ce­sos, mediante fór­mu­las dila­to­rias como la pre­sen­ta­ción de recur­sos incon­du­cen­tes que bus­can única­mente dila­tar el tiempo y así lograr la impu­ni­dad a par­tir de la pres­crip­ción de los deli­tos. Pero al mismo tiempo, lo que debe­mos de enten­der de una vez por todas, es que el com­bate de la corrup­ción y de la cri­mi­na­li­dad en gene­ral no pasa por ele­var de modo irra­cio­nal las san­cio­nes o por plan­tear la pena de muerte, y mucho menos, por pro­mo­ver la impres­crip­ti­bi­li­dad para aque­llos deli­tos que no sean los de lesa humanidad.

El com­bate con­tra el cri­men y la corrup­ción requie­ren bási­ca­mente de una volun­tad polí­tica deci­dida de parte del gobierno de turno por cam­biar el estado de cosas y por el for­ta­le­ci­miento de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad demo­crá­tica, dotando de pre­su­puesto y pro­mo­viendo una cul­tura y ética pública entre fis­ca­les, jue­ces, poli­cías y pro­cu­ra­do­res públi­cos de todo el país, basada en la defensa honesta de los intere­ses del Estado y en el res­peto por los dere­chos de las per­so­nas, pues todos ellos son los fun­cio­na­rios a los cua­les se les ha enco­men­dado la tarea directa de com­ba­tir el cri­men en sus diver­sas moda­li­da­des. Lo demás, desde mi punto de vista, es puro popu­lismo legis­la­tivo, que busca ganar algu­nos titu­la­res apro­ve­chando la repul­sión que genera en la gente las con­ti­nuas denun­cias y escán­da­los de corrup­ciónque se han venido suce­diendo a lo largo de todos estos años.

Rafael Rodrí­guez Cam­pos

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